TERRORISMO Y NARCOTERRORISMO.

El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder.​

El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra.​ La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra.

La palabra «terrorismo» tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa.

Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico, se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.

Algunos medios de comunicación como la británica BBC, que desean enfatizar su imparcialidad, sugieren en sus guías de estilo evitar el término terrorista y terrorismo.

Para acceder a una mayor comprensión de la naturaleza del terrorismo, es conveniente un análisis más detallado, de la evolución en el uso del término. La palabra «terror» proviene del idioma latín «terror» o «terroris», sinónimo de «Deimos». En la Antigua Grecia, Ares, Dios de la Guerra, tenía dos hijos: Phobos y Deimos (Miedo y Terror).

Maquiavelo recomendaba en su clásico libro "El príncipe" (1532) que «es más seguro ser temido que amado».​ Estas recomendaciones políticas de Maquiavelo se relacionan con el concepto moderno de «terrorismo de Estado», aplicado a las autoridades públicas cuando buscan aterrorizar a la población. La frase «el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos», atribuida a Thomas Jefferson, se toma como una apología del tiranicidio y es uno de los tópicos de la Independencia de Estados Unidos (1776).

El terrorismo, como acto realizado por los ciudadanos o los súbditos, encuentra sus antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos orígenes (p. ej. sic semper tyrannis), pero que se consolidaron como tales en la Edad Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de poder del Estado.

El derecho al tiranicidio, es decir, el que se le reconoce a cualquier persona para matar a un gobernante tirano, proviene de la Antigua Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la escolástica medieval europea con los aportes de Tomás de Aquino (1225-1274) en un contexto determinado pero solo en esos casos que ocurrían en la edad media, y en determinados casos en la Edad Moderna con las reflexiones de Juan de Mariana (1536-1623) afirmando que el rey también debe cumplir ley moral y del estado y no ser un tirano. El «derecho al tiranicidio» es considerado también uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo y promover incluso el asesinato del rey.

El derecho a la resistencia o derecho de rebelión, íntimamente relacionado con la justificación del tiranicidio, encuentra también sus primeras formulaciones teóricas en la escolástica europea, retomando las reflexiones de san Isidoro de Sevilla (560-636) y santo Tomás de Aquino.

La palabra «terrorismo» (así como «terrorista» y «aterrorizar») apareció por primera vez en Francia durante la Revolución francesa (entre 1789-1799), cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en El príncipe, el Reinado del Terror (1793-1794), es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos.

Las primeras críticas teóricas elaboradas contra al terrorismo, y la distinción del concepto con los de «derecho a la resistencia» y «tiranicidio», provienen del propio campo de los revolucionarios rusos antizaristas, como Georgi Plejánov en su libro Anarquismo y socialismo (1894), Lenin en el capítulo “¿Qué hay de común entre el economismo y el terrorismo?” incluido en su libro ¿Qué hacer? (1902),​ y sobre todo León Trotsky, que publicó Terrorismo y comunismo en 1905.

En su sentido actual, el término fue acuñado extensivamente por la propaganda nazi para hacer referencia a los movimientos de resistencia de los países ocupados por el ejército alemán y consolidado por las dictaduras latinomericanas de las décadas de los 70 y 80 y los Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada desde la Escuela de las Américas. En ambos casos se hizo patente que existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por ciudadanos y el terrorismo de Estado, siendo aquel, muchas veces, la justificación de este.

Un estudio de 2003 realizado por el ejército estadounidense afirma que existen más de 100 definiciones de terrorismo. Por todos estos factores, muchos especialistas consideran la palabra terrorismo un término que en su uso ha devenido en un concepto meramente propagandístico para descalificar al enemigo más que definir una situación de forma objetiva.

En un informe a la ONU el especialista A. P. Schmid propuso tomar como punto de partida el concepto de crimen de guerra, considerando que, si su definición se extiende al tiempo de paz, se alcanza una muy funcional definición de los actos o instrumentos de terrorismo como los «equivalentes en tiempo de paz a los crímenes de guerra».

Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o actos terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no.

Para James Piazza, el terrorismo es un resultado del orden democrático y de la debilidad en el sistema político. Por su parte, el especialista adhiere a la idea que una democracia con instituciones débiles demuestra mayor propención en relegar a ciertos grupos quienes se transforman en "terroristas".

En el caso del terrorismo de estado, pueden citarse como ejemplo los bombardeos aéreos de ciudades. El Código Aéreo de La Haya de 1923 estableció que «está prohibido el bombardeo aéreo con el objeto de aterrorizar a la población civil...».​ Sin embargo esta regla y otras similares nunca fueron ratificadas por los países de mayor poder militar. En ese marco algunos autores han citado como ataques terroristas el bombardeo de Guernica en 1936, o el que realizó Estados Unidos con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Terrorismo es un término que ha sufrido un abuso de lenguaje por parte de los estados que intencionadamente pretenden desacreditar a sus enemigos. Así los nazis llamaban terroristas a los judíos que se rebelaron en Varsovia;​ en la Sudáfrica del apartheid se decía que muchos negros hacían actividades terroristas; los franceses dijeron lo mismo de los argelinos que se opusieron a la dominación de Francia (y que en algunos casos utilizaron métodos terroristas). Durante el siglo XX se acusó indiscriminadamente de terroristas a múltiples guerrillas sudamericanas; incluso asociaciones no violentas, como las argentinas Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, también fueron consideradas -y aún lo son por algunos sectores- como organizaciones terroristas.

Lo mismo sucedió en Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, en donde el gobierno racista utilizaba la acusación de "terrorismo" para encarcelar y ajusticiar opositores que recurrían a la lucha armada contra la dictadura. Nelson Mandela, condenado como terrorista por el gobierno sudafricano, rechazó en 2008 la aplicación del término "terrorismo" a sus acciones, diciendo que "terrorismo es cualquier individuo, organización o Estado que ataque individuos inocentes y nosotros nunca atacamos individuos inocentes".

En la situación de ocupación de Irak, iniciada por los Estados Unidos en 2003, es difícil trazar la línea divisoria entre terrorismo y resistencia.

En la actualidad la denominada guerra contra el terrorismo o lucha contra el terrorismo constituye un punto fundamental en la agenda de los gobiernos y principales partidos políticos de los países occidentales, tanto es así que una parte importante de la política gira en torno a dicha cuestión. Algunos puntos de vista sostienen que se le está dando una excesiva centralidad a la cuestión del terrorismo, mayor que la incidencia que este fenómeno tiene sobre la sociedad.

Existe una fuerte controversia sobre si ciertas intervenciones de algunos ejércitos fuera de sus fronteras podrían ser calificadas de terroristas, considerando que podrían infundir el miedo en la población civil como medio para conseguir fines políticos. Como ejemplo se suelen utilizar la actuaciones del ejército sirio en Líbano, el serbio en Bosnia, el israelí en los Territorios palestinos, el ruso en Chechenia y el estadounidense en lugares como Irak o Afganistán. Cuando estos actos son realizados por fuerzas apoyadas por los gobiernos, dentro de sus propias fronteras, pueden constituir terrorismo de Estado, el cual es ejecutado con una relación de fuerzas favorable. El terrorismo al que se hace referencia, usualmente es mucho más difícil de determinar, ya que es el que se ejerce con una relación de fuerzas desfavorable. Resulta difícil separar "terrorismo" de "resistencia". Un criterio sería analizar los grupos u organizaciones bajo dos aspectos:

Desde el punto de vista metodológico, se puede considerar terrorista al grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas. En sentido neutro, el término es empleado a menudo por la prensa para designar a los grupos que ejecutan esa metodología.

Aunque prácticamente cualquier cosa puede ser considerada un arma (desde una cerilla y un palo de escoba hasta una bomba atómica), los terroristas han utilizado habitualmente armas cortas o semiautomáticas. Algunos grupos integristas como Hezbolá han llegado a tener misiles antiaéreos. También es muy común el uso de bombas caseras de potencia variable, llegando a usar en algunos casos el propio cuerpo de los terroristas como vector de aproximación de la bomba. Cuando lo que se ha pretendido es un magnicidio a una distancia segura de su dispositivo de seguridad se suelen utilizar rifles con mira telescópica.

En general, los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier elemento que les permita lograr sus objetivos con la mayor resonancia mediática posible, ya sean esos elementos armas procedentes de los ejércitos regulares o adquiridas en el mercado internacional de tráfico de armas o se trate de medios improvisados. Especial relevancia tiene el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, en el que se utilizaron aviones de pasajeros secuestrados.

Los tipos de bomba más comunes suelen ser:

  • Cócteles molotov
  • Bombas con temporizador o activables a distancia
  • Bombas lapa
  • Bombas trampa
  • Granadas de mano

Armas de destrucción masiva que han sido utilizadas por terroristas:

  • Armas biológicas
  • Armas químicas
  • Armas nucleares

Hay varios precedentes de ataques con armas de destrucción masiva. Uno en el que se utilizaron agentes químicos (gas sarín), fue el del grupo sectario Verdad Suprema, que colocó en un par de ocasiones (en 1994 y en 1995) un pequeño dispositivo en el metro de Tokio. Un atentado realizado con agentes biológicos (salmonella) fue el ocurrido en el condado de Wasco, en el que los ultraderechistas intentaron utilizar el atentado con fines políticos, aunque finalmente lograron el resultado contrario al ser descubiertos.

La complejidad del fenómeno terrorista impide su aprehensión desde una única concepción psicológica. Por lo demás, la bibliografía especializada presenta un exceso de teorías frente al número de estudios empíricos realizados, en parte debido a la dificultad de acceder a la psique de los terroristas para analizarla.

Hay, no obstante, varios estudios de referencia sobre el tema; entre ellos, destacan los siguientes:

  • entre 1979 y 1981 se realizó una investigación encargada por el Ministerio del Interior de Alemania que pretendía ahondar en la biografía de personas sospechosas de terrorismo (la mayoría de extrema izquierda, y unos cuantos de extrema derecha). Además de la consulta de expedientes, se realizaron múltiples entrevistas con terroristas encarcelados. De la investigación se dedujo el perfil de un profesional del terrorismo sobre la base de una concreta evolución psicológica: situación inicial de opresión (social y/o familiar); vida en la clandestinidad donde se desarrollaba un contra modelo de su vida anterior; desarrollo de una dicotomía amigo-enemigo que desembocaba en una pérdida del sentido de la realidad.
  • Martha Crenshaw (basándose en testimonios autobiográficos de ex miembros y miembros del IRA, OLP, etc.), Marc Sageman (sobre la llamada "Yihad"), Khapta Akhmedova y Ariel Merari (sobre el entorno social y familiar de los terroristas), Eyad El-Sarraj (sobre el terrorismo suicida), Brian Barber (sobre jóvenes de la franja de Gaza), Anne Speckhard (a través del testimonio de rehenes de terroristas); Jerrold Post, Nichole Argo y Yoram Schweizer (a partir de testimonios recogidos en cárceles israelíes y palestinas); y Nasra Hassam (a partir de entrevistas con miembros de Hamas y Yihad).

Michael Ignatieff considera que el terrorismo administra el terror psicológico para minar por dentro las instituciones democráticas, recortando los derechos de los ciudadanos, dándole más atribuciones a los poderes coactivos del Estado y suspendiendo las garantías constituciones. Aun cuando es derrotado, el terrorismo tiene muchas chances de anular la vida democrática. Para eso, es de capital importancia que el estado se auto-regule, controlando el funcionamiento de sus propias instituciones con independencia del ejecutivo. ​Los grupos separatistas apelan a crear confusión dentro de la opinión pública, lo cual los convierte en dependientes de los medios de comunicación. La selección de las víctimas se lleva a cabo siguiendo dos criterios, su vulnerabilidad y su importancia para el estado. Por el desconocimiento del terreno, viajeros, turistas, y extranjeros son potenciales fuentes de ataques a lo largo de la historia. El terrorismo y el imperialismo parecen fenómenos ligados en un sentido.

Las formas y herramientas para combatir a las personas y organizaciones a las que un Estado califica de terroristas o potencialmente terroristas, han sido y son objeto de discusión. En algunos casos se ha sostenido que la represión del terrorismo debe realizarse siguiendo los procedimientos legales, respetando los derechos humanos de las personas y preservando el sistema democrático, pero en otros casos el Estado ha recurrido a procedimientos ilegales, fuerzas parapoliciales y paramilitares, autorización de la tortura, suspensión de los derechos humanos e incluso instalación de dictaduras. Entre los procedimientos para reprimir el terrorismo, también se ha sostenido la necesidad de secuestrar y suprimir la identidad de los hijos de las personas a los que el Estado imputa ser terroristas.

Entre las experiencias internacionales más destacadas para reprimir acciones calificadas como terroristas se encuentran las que realizaron los dictaduras militares argentino y chileno en la década de 1970, el gobierno italiano frente a las Brigadas Rojas, el gobierno español frente a la ETA entre los años 1983 y 1987 (caso GAL) y el gobierno de los Estados Unidos en la llamada Guerra contra el terrorismo. Las prácticas, tácticas, y estrategias de gobiernos, ejércitos y otros grupos especializados contra el terrorismo, se denomina contraterrorismo.

El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. La misma tiene como objetivo obligar a todos los estados americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un sistema continental de represión del terrorismo, que no encuentre limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales, como el secreto bancario, traslado de personas detenidas entre países, la invocación del "delito político" o condición de refugiado, el derecho de asilo.​ Luego del proceso de ratificaciones, la misma entró en vigor el 7 de octubre de 2003.

Entre los elementos notables de la sanción de la convención se destaca la imposibilidad final de tipificar el delito de terrorismo, así como la falta de consenso para calificarlo como delito de lesa humanidad. También se ha cuestionado la afectación del derecho de asilo que establece la convención, al punto que Chile, Costa Rica y México hicieron reserva de no acatarla en este aspecto.

El narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotrá.fico y grupos armados extremistas así como otros grupos insurgentes o terroristas.

Se suele postular el narcoterrorismo como cierta alianza natural que acaba produciéndose entre grupos narcos y guerrilleros que, aunque persiguen objetivos opuestos, operan en la clandestinidad. Así, muchas organizaciones terroristas en declive son capaces de reconstituirse gracias a la poderosa financiación que obtienen de proporcionar cobertura y apoyo armado al narcotráfico. Por otro lado, los cárteles de la droga consiguen una capacidad de respuesta militar frente a los gobiernos con los que están en constante pugna.

La conjunción entre movimientos insurgentes y narcotráfico se concibe, a largo plazo, como una amenaza a la estabilidad de los países de regiones productoras de estupefacientes como el arco andino (Colombia y Perú).

La formación de conglomerados narcoterroristas en países como Colombia y Perú han provocado un estado de guerra de baja intensidad permanente que, unidos a otros factores, hacen de la confrontación armada uno de los problemas más graves al que se enfrentan los gobiernos de cada país. Organizaciones armadas como paramilitares como las AUC (desmovilizados en 2006) y las Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados (BACRIM o GAO´s) como el Los Pelusos y las disidencias, han estado implicadas en el negocio internacional de las drogas y en actos terroristas; por consiguiente, estas organizaciones (las activas) son consideradas en sus países y en el mundo como grupos narcoterroristas.

Fuera del área andina, la convivencia narcoterrorista alimenta diversos conflictos armados en otras partes del globo como Afganistán, ligando el tráfico de opioides a las luchas tribales internas, a los movimientos islámicos armados y a la resistencia a la presencia militar estadounidense en el país mantenida a raíz de la ocupación de Afganistán 2003-2006.

Narcoterrorismo también es el nombre que recibe el periodo de la historia de Colombia, desde 1984 hasta 1993, caracterizado por el enfrentamiento de los gobiernos sucesivos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria con narcotraficantes organizados en poderosas mafias que se autodenominaron Los Extraditables, pertenecíentes al Cartel de Medellín y liderados por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Dicho periodo es una de las épocas más sombrías en la espiral de violencia que afectó a Colombia durante el conflicto armado interno.

Entre sus crímenes más notorios está el haber hecho estallar el vuelo 203 de Avianca en pleno vuelo, para matar al entonces candidato César Gaviria (quien no subió al avión por consejo de sus asesores), con un saldo de más de 100 muertos. Durante la campaña presidencial de 1990 asesinó a varios candidatos. También puso un carro bomba al frente del edificio del DAS, la policía secreta colombiana, buscando acabar con su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar que la edificación quedó semidestruida. Dicho atentado le costó la vida a cerca de 70 personas y causó centenares de heridos.

El tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, que surgió en los años 70´s, generó enormes beneficios a los jefes de las organizaciones delictivas que deseaban consolidar un poder económico, político y social en la nación. Se alimentó del olvido del estado hacia las clases mas pobres del país; producto de la violencia política de los años 50´s, del desplazamiento de campesinos por parte de guerrilla y paramilitares, de la marginalización en las ciudades y del dinero fácil que se obtenía por el narcotráfico. No se puede dejar por descontado como una de sus causas el aumento del consumo de drogas ilegales en Estados Unidos y Europa.

Pablo Escobar fue elegido Representante a la Cámara suplente en 1982, pero las denuncias de algunos políticos, del periódico El Espectador y del entonces Ministro de Justicia; Rodrigo Lara Bonilla, lo declararon narcotraficante y le expulsaron del Congreso en enero de 1984. El 30 de abril de 1984, cuando el Ministro de Justicia se desplazaba en automóvil, es asesinado por sicarios moto transportados en Bogotá. Durante su sepelio, el Presidente de la República; Belisario Betancourt, anuncio la reactivación del Tratado de Extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos para que sean juzgados allí. Esto fue para los narcotraficantes una declaración de guerra del estado, a la que respondieron con violencia.

Dado que Gonzalo Rodríguez Gacha mantenía una lucha militar con la guerrilla de las FARC, se atribuye a éste y al Cartel de Medellín, el asesinato del dirigente de la UP (Unión Patriótica); Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1986, de José Antequera, el 3 de marzo de 1989, y de miles de muertes selectivas de miembros de este partido político por todo el país, así como el de su candidato a la presidencia Bernardo Jaramillo Ossa, ya que consideraban a este movimiento el brazo político de dicha guerrilla. Sin embargo, este punto no ha sido aclarado, pues también se acusa de este genocidio a otras fuerzas derechistas del país, entre militares, paramilitares y políticos.

Carlos Pizarro Leongomez, candidato a la presidencia del partido izquierdista AD M-19 (nombre del partido político de la guerrilla desmovilizada del M-19), es asesinado en un avión en 1990 y, en este caso, la acusación también es dirigida contra el narcotráfico; los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, socios indirectos del brazo militar del Cartel de Medellín, se atribuyeron estos hechos.

También se dan los asesinatos del periodista Guillermo Cano, Director del periódico El Espectador, el 17 de diciembre de 1986, de Carlos Mauro Hoyos, Procurador General de la Nación, el 25 de enero de 1988, el de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, el 18 de agosto de 1989, y del periodista Jorge Enrique Pulido, el 9 de noviembre de 1989. Se cuentan, además, atentados fallidos contra muchas personalidades como Ernesto Samper, Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Parejo González en Budapest (Hungría). Al Cartel de Medellín se le atribuyeron más de 4.000 asesinatos de periodistas, jueces, fiscales y policías; de hecho, Pablo Escobar pagaba $2.000.000 de pesos a quien asesinara un policía en Medellín, lo que provocó la muerte de más 300 uniformados, entre ellos, el Comandante de Policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, el 18 de agosto de 1989. Las amenazas se pueden contar por miles contra todo tipo de colombianos, jueces, fiscales, altos mandos militares, periodistas, políticos, comerciantes, ganaderos, etc.

Adicionalmente, estallaron enormes cantidades de carro bombas y explosivos por todo el país; los más recordados fueron: Una bomba en la carrera 7ª contra el entonces Director del DAS, general Miguel Maza Márquez, que causó 9 víctimas mortales en enero de 1989; el 2 de septiembre contra la sede de El Espectador; contra 9 sedes políticas el día 21 del mismo mes; el 17 de octubre contra las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal en Bucaramanga; el 27 de noviembre contra un avión de pasajeros en pleno vuelo sobre Soacha (Cundinamarca), dejando 107 muertos; el 6 de diciembre contra el edificio del DAS con un bus-bomba, cargado con 500 kilos de dinamita que detonó, dejando 104 muertos y más de 500 heridos.

En otros años como 1990, Pablo Escobar puso una bomba cerca del Hotel Intercontinental en Medellín, para detonarlo cuando un carro lleno de policías pasara. Efectivamente, fue detonado y por lo menos murieron 10 policías. Puso otra bomba al frente de la policía cerca del Río Medellín y una en la Plaza de Toros La Macarena con 17 muertos.

Además, el Cartel de Medellín sostenía una guerra con los rivales del Cartel de Cali, como lo demuestran las muertes selectivas, los atentados con bombas contra la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, entonces pertenecientes al Cartel de Cali, o contra el Edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar.

El gobierno, por su parte, conformó un grupo élite de policía bajo el mando del coronel Hugo Martínez que, con apoyo de Estados Unidos, capturó a Carlos Lehder, quien luego fue extraditado, apoyado en el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. También dio muerte a Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, al tiempo, Los Extraditables secuestraron a muchas personalidades políticas entre ellas: Francisco Santos, de la familia dueña del periódico El Tiempo, el 19 de septiembre de 1990; Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay; Maruja Pachón de Villamizar, esposa del congresista Alberto Villamizar; Azucena Lievano, periodista; Andrés Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana; y Lizandro Ospina Baraya, nieto del expresidente Mariano Ospina Perez, entre otras.

Tras un trato con el gobierno, Pablo Escobar se entregó y se recluyó en una cárcel de su propiedad en Envigado (llamada "La Catedral"), donde estuvo “preso” desde el 19 de junio de 1991 y hasta el 22 de julio de 1992, fecha en que se fugó antes de que se le trasladara a otra prisión. En los siguientes meses, el cuerpo élite (llamado entonces el Bloque de Búsqueda) capturó o dio muerte a muchos miembros del Cartel de Medellín; al mismo tiempo, un grupo paramilitar, autodenominado Los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), atacó al cartel, a sus propiedades, asesinó a sus abogados, familiares, amigos, contadores, entre otras personas ligadas con el cartel.

Al atentado del 30 de enero de 1993 en Bogotá, le siguieron nueve bombas indiscriminadas dejando cientos de muertos. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido tras un enfrentamiento con las autoridades en Medellín. El Cartel de Cali nunca siguió las tácticas terroristas de Pablo Escobar, por ello, se afirma que la época del Narcoterrorismo en Colombia terminó en aquella fecha.

En aquella época, las muertes se convirtieron en algo cotidiano. Solo en Medellín hubo 3.500 homicidios en 1986 y, puesto que a cada acto de violencia le seguía su correspondiente venganza, los fines de semana llegaban a contabilizar hasta 200 muertes violentas. Por ello se entiende que la desaparición del cartel no fue el fin de la violencia. De sus restos, se formaron miles de pequeños combos de narcotraficantes, terroristas y grupos sicariales que, posteriormente, se organizaron en una gran confederación conocida en los últimos tiempos como la "Oficina de Envigado".

El narcotráfico sigue siendo una fuerza desestabilizadora dentro de Colombia. Aún se recuerda el escándalo político judicial llamado proceso 8.000. Los paramilitares de las AUC, desmovilizados en 2006, son una consecuencia de aquella época, siendo inicialmente parte del brazo armado del Cartel de Medellín, luego pasando a ser parte de Los Pepes y, posteriormente, enemigos directos de las guerrillas. Pese a estar desmovilizados los grupos paramilitares, existen las llamadas Bandas Criminales o BACRIM (llamados por el gobierno como Grupos Armados Organizados o GAO), que no son otra cosa que grupos de exparamilitares que se negaron a la desmovilización prefiriendo el lucro económico que deja el tráfico de drogas, junto a otras actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, el sicariato, entre otras. Aunque los orígenes de las BACRIM sean de grupos paramilitares, grupos como las disidencias del EPL y de las FARC (esta última, conformada por miembros que se negaron a aceptar los acuerdos de La Habana) entran en la categoría de Grupos Armados Organizados o GAO´s, ya que su objetivo es el lucro de las actividades relacionadas al narcotráfico. En el caso de las disidencias de las FARC se les agrega el término "residuales", al ser residuos de la otrora guerrilla.

En México, debido a la guerra contra el narcotráfico que mantiene el gobierno desde el 2006, los narcotraficantes han respondido realizando asesinatos donde han caído miembros de cárteles rivales, policías o periodistas que han denunciado las atrocidades cometidas por los carteles mexicanos. También ha ejecutado asesinatos contra civiles que denuncian o se manifiestan en contra del narcotráfico y los cárteles en redes sociales para amendrentar a la población en su zona de influencia, las víctimas que han realizado estas denuncias no necesariamente eran políticos ni periodistas. Además, en una ocasión, han disparado contra autobuses de turistas matando a varios.

El 22 de junio de 2004, mataron delante de sus hijos al periodista e investigador del narcotráfico Francisco Ortiz Franco, asesinato atribuido al cartel de Tijuana.

El 14 de febrero de 2010, el hijo y el sobrino de Rosario Oropeza Cota, exdirector y columnista de El Debate de Culiacán, junto con un amigo de estos últimos, fueron secuestrados en Guamúchil (Sinaloa) y posteriormente asesinados. En julio de 2011, asesinaron a Fermín Rosas Quezada, hijo del jefe de información del periódico “El Debate”, en Culiacán (Sinaloa).

El 8 de marzo de 2011 desapareció Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan, y del diario La Verdad. Su cadáver apareció el 1 de junio de 2011. Había denunciado los abusos de las autoridades y de miembros del crimen organizado en Jáltipan (Veracruz).​ El 20 de junio de 2011, el periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solana y Misael López Solana, el hijo menor de la familia, fotoperiodista, fueron asesinados en su domicilio de Veracruz. Miguel Ángel López Velasco era el autor del libro sobre el narcotráfico Todos están adentro. La periodista Yolanda Ordaz de la Cruz fue secuestrada y asesinada en julio de 2011, también en Veracruz.

El 25 de agosto de 2011, 53 personas murieron en un incendio provocado en el Casino Royale de Monterrey, acto atribuido a Los Zetas.​ Al día siguiente, se hallaron los cadáveres de 72 emigrantes centro y sudamericanos, asesinados en un rancho de Tamaulipas.

El 13 de septiembre de 2011, los cadáveres de un hombre y una mujer de 25 y 28 años, respectivamente, aparecieron colgados de un puente de Nuevo Laredo (Tamaulipas); el atentado fue firmado por Los Zetas. El 23 ó 24 de septiembre de 2011, fue decapitada la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de información del periódico "Primera Hora" de Nuevo Laredo.Este asesinato también lo firmaron Los Zetas, que amenazaron con matar también a quien subiera información sobre el narcotráfico a ciertas páginas de Internet. También en Nuevo Laredo apareció, el 10 de noviembre de 2011, el cadáver decapitado del bloguero conocido como "Rascatripas", con una nota que decía: "Hola, soy 'Rascatripas', y esto me pasó por no entender que no se deben publicar las cosas en las redes sociales". Este bloguero colaboraba en la web "Nuevo Laredo en vivo", en la que también colaboraba María Elizabeth Macías Castro, cuyo cadáver fue hallado en el mismo lugar, en la estatua de Colón.​ Los maestros de Acapulco han sufrido extorsión, presumiblemente por parte de Los Zetas. Para intimidarlos, se expusieron cinco cabezas humanas a finales de septiembre de 2011.

Existe un grupo paramilitar llamado "Los Mata Zetas", que ha reivindicado una matanza de 35 individuos, supuestamente Zetas, cuyos cadáveres fueron arrojados en la ciudad de Veracruz el 20 de septiembre de 2011. Existen dudas sobre la composición de este grupo, pues declara estar formado por ciudadanos hartos de Los Zetas, pero grupos anteriores del mismo nombre resultaron estar al servicio de bandas rivales.

Los paramédicos de Ciudad Juárez, muchos de ellos voluntarios, suelen ser objeto de amenazas de muerte por parte de grupos de narcotraficantes que les prohíben trasladar a heridos de bala a los hospitales de la vecina localidad estadounidense de El Paso (Texas). El 7 de diciembre de 2011, cerca de Ciudad Juárez, una ambulancia fue interceptada y sus dos pacientes, el enfermero y el conductor fueron asesinados.

El 23 de diciembre de 2011, varios turistas fueron asesinados en el norte del estado de Veracruz.

El 28 de abril de 2012, la corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz, Regina Martínez, fue estrangulada en su domicilio de Xalapa. La información preliminar del gobierno veracruzano no mencionó ni puertas ni ventanas forzadas.​ Días más tarde, los fotógrafos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez fueron asesinados.

En la noche del 31 de mayo de 2012 incendiarion un vehículo de la empresa de alimentos Sabritas, propiedad de PepsiCo, en el este de México, prolongando una serie de ataques recientes contra la multinacional atribuidos al cártel de los Caballeros Templarios.

La que fuera alcaldesa de Tiquicheo de Nicolás Romero (Michoacán) 2008 a 2011, María Santos Gorrostieta Salazar, fue secuestrada el 12 de noviembre de 2012 y hallada muerta tres días después.

En conjunto, la propia fiscalía mexicana cifra en 102 los periodistas asesinados entre 2000 y 2014.

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala (estado de Guerrero) hubo seis muertos, 25 heridos, 43 jóvenes desaparecidos y una fosa con 28 cadáveres. Se detuvo a 22 policías, que se sospecha cometieron la matanza para el cártel de los Beltrán Leyva.

El alcalde de Ahuacuotzingo (estado de Guerrero), Francisco Quiñonez Ramírez, fue asesinado el 28 de junio de 2014. Su esposa, Aidé Nava González, candidata del PRD, fue torturada y decapitada entre el 10 y el 11 de marzo de 2015. El crimen lo firmó el Cártel Puro Rojo ZNS. El hijo de ambos, de 15 años, había sido secuestrado el 11 de octubre de 2012, y no ha aparecido.

El fotógrafo Rubén Espinosa Becerril fue asesinado el 31 de agosto de 2015 en Ciudad de México, a donde se había trasladado desde Veracruz debido a las amenazas.​ Asesinaron además a cuatro mujeres que estaban en el piso en ese momento, entre ellas la periodista y activista social chiapaneca Nadia Vera Pérez.

Gisela Mota, alcaldesa de Temixco (Morelos) y miembro del PRD, fue asesinada el 2 de enero de 2016, al día siguiente de su toma de posesión. La Fiscalía del Estado de Morelos apunta al Cartel de Los Rojos como responsable del asesinato.

En enero de 2017, se produjeron dos ataques en Playa del Carmen y Cancún. El primero ocurrió en Playa del Carmen, cuando un sujeto entró al bar Blue Parrot y disparó contra los comenzales mientras disfrutaban del cierre de un festival de música electrónica, dejando 6 muertos. Los Zetas se adjudicaron la matanza. Al día siguiente de este hecho, se produjo un tiroteo y ataque con granadas a las instalaciones de la fiscalía de Quintana Roo en Cancún, dejando un policía y tres agresores muertos.

NOTA.

Juan Francisco Martínez Ortiz*, Cruz de Mérito y Medalla Conmemorativa de la Cruz de Distinción de la Diadema Real de Marina; Doctor of Community Development, Honoris; Doctor en Humanitarismo, Honoris Causa; Certificado de Calidad Profesional en Intermediación Pública.

*Experto en Investigación Criminal; Experto en AntiterrorismoGlobal Governance DiplomaPofessional Certificate in Literature Review Process and Structure; Professional Certificate in Research Philosophy and Principles.

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