OBSERVACIONES REALIZADAS A LA RED DE COMBATE DE DELITOS FINANCIEROS/OBSERVATIONS MADE TO THE FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK.

JFMO SERVICIOS EN INTERMEDIACIÓN PÚBLICAORGANIZACIÓN CONSULTIVA ESPECIAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, COMPARTIMOS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA RED DE COMBATE DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones con base en los señalamientos realizados el dia 25 de Junio por lavado de dinero de tres instituciones mexicanas.

El Gobierno Mexicano como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), debió realizar las siguientes acciones:

Evaluación de riesgos: Los países y las instituciones financieras deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LD/FT.

1. Debida diligencia del cliente (DDC): Conocer y verificar la identidad de los clientes, entender la naturaleza de sus actividades comerciales y monitorear sus transacciones.

2. Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras deben reportar a las autoridades competentes cualquier transacción que parezca sospechosa de estar relacionada con LD/FT.

3. Congelamiento de activos: Implementar mecanismos para congelar bienes relacionados con el terrorismo o actividades ilícitas.

4. Cooperación internacional: Fomentar el intercambio de información entre autoridades nacionales e internacionales.

Los señalamientos realizados debieron dar cumplimiento a las siguientes normativas y estándares internacionales:

1. Debida Diligencia del Cliente (DDC) Inadecuada: Una de las violaciones más comunes es no haber realizado una DDC adecuada, lo que implica no conocer suficientemente a sus clientes, sus fuentes de riqueza y el propósito de sus transacciones. Esto permite que fondos ilícitos ingresen y se muevan a través del sistema financiero sin ser detectados.

2. Falta de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Las instituciones financieras están obligadas a reportar transacciones inusuales o sospechosas a las autoridades. Si los bancos señalados facilitaron el lavado de dinero, es probable que no hayan reportado adecuadamente estas operaciones, o que los controles internos para identificar tales operaciones fueran deficientes.

3. Controles Internos Deficientes: Las normativas internacionales exigen que las instituciones financieras implementen sistemas y controles internos robustos para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la capacitación del personal, la asignación de un oficial de cumplimiento y la realización de auditorías internas. Las acusaciones sugieren que los controles internos de estos bancos podrían haber sido ineficaces o, en el peor de los casos, ignorados.

4. Operaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP) o de Alto Riesgo: Aunque no se ha especificado, si los fondos involucrados provenían de actividades delictivas de cárteles, podría implicar transacciones con individuos o entidades de alto riesgo, para los cuales se requiere una debida diligencia intensificada.

5. Colaboración Activa (en casos extremos): Las investigaciones más serias pueden apuntar a que las instituciones no solo fueron permisivas, sino que activamente colaboraron con organizaciones criminales en la transferencia de fondos, lo que constituiría una violación directa de las leyes anti-lavado.

Sin olvidar las violaciones a las Convenciones de las Naciones Unidas en la materia:

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena, 1988).

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000).

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999).

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

Obviamente el Gobierno de México, hace señalamientos expresos de colaboración y cooperación sin subordinación, pero esa colaboración y cooperación sin subordinación es con los EEUU, pero comete actos de Omisión, Opacidad, Simulación y Vinculación a favor de los Cárteles Mexicanos hoy clasificados como Grupos Terroristas.

Esperamos que la presente información sea de utilidad y fortalezcan las labores realizadas por el FinCEN y el Departamento del Tesoro.

ENGLISH VERSION.

JFMO SERVICIOS EN INTERMEDIACIÓN PÚBLICA, SPECIAL CONSULTATIVE ORGANIZATION TO THE UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, SHARES THE OBSERVATIONS MADE TO THE FINANCIAL SERVICES COMBAT NETWORK OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY:

We make the following observations based on the allegations made on June 25 regarding money laundering by three Mexican institutions.

The Mexican Government, as part of the Financial Action Task Force (FATF), should have taken the following actions:

Risk assessment: Countries and financial institutions must identify, assess, and understand their ML/TF risks.

1. Customer due diligence (CDD): Know and verify the identity of customers, understand the nature of their business activities, and monitor their transactions.

2. Reporting of suspicious transactions: Financial institutions must report to the competent authorities any transaction that appears to be related to ML/TF.

3. Asset freezing: Implement mechanisms to freeze assets related to terrorism or illicit activities.

4. International cooperation: Promote the exchange of information between national and international authorities.

The allegations made should have complied with the following international regulations and standards:

1. Inadequate Customer Due Diligence (CDD): One of the most common violations is the failure to conduct adequate CDD, which involves a lack of sufficient knowledge of customers, their sources of wealth, and the purpose of their transactions. This allows illicit funds to enter and move through the financial system undetected.

2. Failure to Report Suspicious Transactions (STRs): Financial institutions are required to report unusual or suspicious transactions to authorities. If the banks in question facilitated money laundering, it is likely that they failed to adequately report these transactions, or that internal controls to identify such transactions were deficient.

3. Weak Internal Controls: International regulations require financial institutions to implement robust internal systems and controls to prevent money laundering. This includes staff training, assigning a compliance officer, and conducting internal audits. The allegations suggest that these banks' internal controls may have been ineffective or, at worst, ignored.

4. Transactions with Politically Exposed Persons (PEPs) or High-Risk Individuals: Although not specified, if the funds involved came from cartel criminal activity, this could involve transactions with high-risk individuals or entities, for which enhanced due diligence is required.

5. Active Collaboration (in extreme cases): The most serious investigations may indicate that institutions were not only permissive but actively collaborated with criminal organizations in the transfer of funds, which would constitute a direct violation of anti-money laundering laws.

Not to mention violations of the relevant United Nations Conventions:

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention, 1988).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention, 2000).

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).

United Nations Convention against Corruption (2003).

Obviously, the Mexican government expressly claims collaboration and cooperation without subordination, but that collaboration and cooperation without subordination is with the United States, but it commits acts of omission, opacity, simulation, and involvement in favor of the Mexican cartels currently classified as terrorist groups.

We hope this information is useful and strengthens the work carried out by FinCEN and the Department of the Treasury.

ACUSE DE RECIBO/ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT.


COMPARTIMOS LOS RECONOCIMIENTOS OTORGADOS AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CORPORATIVO.




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